Andan los españoles indignados con esa cosa
de la corrupción política. Regeneración, comisiones de investigación,
dimisiones y un sinfín de brindis al sol tan infantiles como inútiles son
lanzados al éter por políticos opositores y profesionales de la opinión; el
pueblo soberano no es menos y harto de que aquello de que todos son iguales sea
verdad, amenaza con dejar de votar a los partidos mayoritarios para hacerlo por
otros outsider o directamente optar
por el suicidio de la mano del Partido Comunista y su marca blanca Izquierda
Unida. “Siempre hubo corrupción pero como ahora...”, sentencias como esta y
similares son el pan nuestro de cada día en conversaciones a pie de calle y a
pie de pantalla, pero nada más lejos de la realidad. La corrupción ha existido
en España desde que exiliados y perjuros tejieron para nuestra nación esta tela de araña que llamaron democracia para ser manejada y
prostituida por esos sindicatos del
crimen que han resultado ser los partidos políticos, expresión de intereses
inconfesables y no de la representación popular en la política. Los primeros
dineros que financiaron al PSOE enviados desde el extranjero por la Internacional
Socialista, o el que mantuvo al PCE desde la Unión Soviética fueron el
arranque de las constantes fintas a la legalidad por parte de los partidos democráticos con el fin de mantener
engrasados sus engranajes. Esto, a su vez, ha favorecido que los distintos
logreros camuflados bajo sus alas hayan hecho el agosto personal y familiar. No
olvidemos que lo de Bárcenas o Pujol no es de anteayer sino que se arrastra
desde los albores de esta “democracia que
nos hemos dado”. Por supuesto no se debe olvidar que el hecho de que Luis
Bárcenas fuese senador es porque los cántabros mayoritariamente le votaron, y
de no haber sido los cántabros habrían sido los palentinos, los zamoranos, los
almerienses o los emigrantes del Tirol del Sur.
Y cuál es la conclusión que se puede sacar de
todo esto; muy sencillo, que hubo un tiempo donde la corrupción era excepción y
ahora es regla. La conclusión es que este sistema político partitocrático,
realmente antidemocrático, profundamente amoral y antiético y materialmente
ruinoso es a la vez causa y consecuencia de la corrupción, tomando este término
en toda su extensión y no limitándolo a que fulano se llevó un par de millones
de tal o cual comisión.
Si alguien cree que esto es injusto o
exagerado veremos un ejemplo sintomático. A nadie se le escapa que la
corrupción alcanza todos los niveles y estamentos, desde la Judicatura a los partidos,
desde las Fuerzas de Orden Público a sindicatos, desde gobiernos a autonomías,
pero sobre todo Ayuntamientos y todo porque no hay ningún estamento
independiente del poder político.
Y es aquí donde mi buen amigo Jorge Álvarez,
Licenciado en Derecho y empresario, deja en evidencia a todos esos tertulianos
y paniaguados de las televisiones que tras poner el grito en el cielo por la
corrupción en los partidos, pasan a continuación a dejar claro que ellos no van
contra los propios partidos sino contra el 1% que está corrompido, a sabiendas
de la falsedad de tal afirmación pues equivaldría a decir que ese ridículo
porcentaje se las ha arreglado para copar el poder en los partidos desde 1977,
con lo que el 99% restante estaría formado por una suerte de imbéciles
redomados.
Al grano, me contaba mi buen amigo que en
1945 se creaba el Servicio Nacional de Inspección y Asesoramiento de las
Corporaciones Locales, según la
Ley de Bases de 17 de julio de ese año, cuya misión más
importante era la de fiscalizar las actuaciones de los ayuntamientos para
controlar su legalidad. Pues bien, con fecha de 1 de diciembre de 1978 y a
través de Real Decreto, se reestructura la Dirección General
de la Administración
Local por la que aquel organismo perdió su labor
fiscalizadora. Ojo a la fecha, antes de ser aprobada la Constitución. Se
suprimió pues el Servicio Nacional de Asesoramiento e Inspección de las
Corporaciones Locales y su labor fiscalizadora y en su lugar se creó el
Servicio de Asistencia Técnica a Municipios, cuyo carácter era voluntario y
desde luego no vinculante. Se suprimían de golpe y porrazo todas las medidas de
control de la actuación municipal que el franquismo había tejido y
desarrollado, incluso el día antes de la muerte del General, con el
reforzamiento del papel de Secretarios e Interventores para evitar ilegalidades
y se dio vía libre al despelote que
desde entonces ha sido la gestión de alcaldes convertidos en auténticos
caciques. Se pasó de blindar los cuerpos de funcionarios con nuevas
competencias e independencia a debilitar su función y sustituirlos por sujetos
elegidos a dedo como cargos de libre
designación.
Todos los partidos estuvieron de acuerdo en
dinamitar el control municipal por parte de funcionarios del Estado y los
sucesivos gobiernos socialistas y populares han legislado en ese sentido. No
debe olvidarse que todo empieza cuando, con UCD en el gobierno tras las
elecciones del 77, hay multitud de partidos, sobre todo los de izquierdas, que
están fuera del poder y es en las elecciones municipales del 79 donde van a
optar a tocar pelo desde décadas
atrás y por tanto había que favorecer el desmantelamiento de las estructuras
para que los nuevos caciques socialistas y comunistas tuvieran la independencia
en todos los aspectos de la que no gozaron los alcaldes franquistas,
afortunadamente. Y como no podía ser de otro modo, los de la derecha se
apuntaron al carro sin ambages.
Resumiendo,
al lobo de la democracia parlamentaria se le vio la patita desde la cuna por lo
que nadie puede rasgarse ahora las vestiduras creyendo que se trataba de la
abuelita y pretender que esto se arregla con grandes pactos anticorrupción
entre los interesados es pecar de ingenuidad o de desvergüenza.
Moroto
