Mucho se está hablando de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana: atentado contra la libertad de expresión, de manifestación, reunión... atentado contra la libertad de expresión resumiendo. En dicha Ley se sanciona por ejemplo impedir un desahucio, faltar al respeto a las fuerzas de seguridad, la ocupación de casas... y es aquí dónde queremos centrar nuestra atención. Según nuestro punto de vista, la nueva Ley de Seguridad Ciudadana no sólo atenta contra la libertad de manifestación, apoyada últimamente por los tribunales en el caso de los escraches, si no que la Ley Mordaza va más allá y provoca un atropello mayor, si cabe, a nuestra justicia.
Con la entrada en vigor de esta ley se da el primer paso para acabar con las faltas del Código Penal ( acciones antijurídicas menos graves que los delitos), puesto que muchas de las acciones descritas en esta ley son idénticas a las faltas ya existentes: exhibir un arma en público, insultar a los agentes...
La intención del gobierno con esta ley es que, dado que la Justicia Española es un auténtico caos, dado que nuestra justicia está saturada, despenalizar algunas acciones y en lugar de enjuiciarse en un tribunal, sea el propio gobierno a través de los delegados autonómicos y provinciales los que sancionen dichas actuaciones.
Estamos de acuerdo en que nuestra Justicia está saturada, pero la solución no es acabar con las faltas; la solución es dotar a la justicia de los medios necesarios: dotarla de medios humanos con el aumento del personal de justicia, dotarla de medios materiales con la instalación de sistemas informáticos propios del siglo XXI que permitan las notificaciones y presentación de escritos por internet.
El anterior parche del gobierno, la ley de tasas judiciales, no ha servido para agilizar la justicia. La gente tiene que seguir utilizando, con cordura, la justicia sin que el gobierno discrimine el acceso a la misma en función de sus recursos. Y dado que esta ley ha sido, innecesaria por un lado e infructuosa por otro, el gobierno pretende eliminar las faltas.
El próximo paso del gobierno, si le da tiempo, será la tan esperada, por los juristas, reforma del Código Penal para la eliminación de las faltas y así, según su criterio, agilizar nuestra justicia. Pero desde nuestro punto de vista, y ya para finalizar, no se deben suprimir las faltas de nuestro código y mucho menos se puede otorgar la potestad al gobierno de sancionar dichas acciones, puesto que atentaría gravemente contra el principio de separación de poderes.
Gran P