lunes, 27 de agosto de 2012
miércoles, 22 de agosto de 2012
Quiebra de la sanidad
Se iba echando en falta algo de sentido común y, sobre todo, de decencia y responsabilidad por parte de quien debe poner un verdadero problema sobre la mesa con todas las de la ley, con la justa, estricta e inevitable verdad tantas veces escondida por presiones directas o sugeridas. El martes 21, en las páginas de opinión de El Diario Montañés, el catedrático de medicina y médico del Hospital Universitario Valdecilla "Angel L.M. De Francisc", exponía sobriamente, de manera descarnada y sin florituras lo que supone la barra libre sanitaria que han propiciado los gobiernos de la democracia sin excepción.
Nuestro modelo de sanidad pública ha sido, con sus defectos, el mejor que se haya aplicado en cualquier lugar del mundo, garantizando una verdadera asistencia universal a nuestro pueblo y a aquel que de paso pudiera necesitarlo. Pero con la invasión migratoria propiciada por la globalización y favorecida por los gobiernos occidentales a su servicio, con los españoles como aventajados lacayos, el sistema no da más de sí y peligra en su conjunto. Aquello que se levantó con el esfuerzo de todos los españoles va a morir tal como lo conocemos entre otras cosas por oleadas de gente que sin haber colaborado en absoluto a su creación usa y abusa de un servicio sin que les preocupe su conservación y mantenimiento.
Destaca el Doctor De Francisco cómo son los gobiernos los que deben poner coto al acceso a la sanidad pública por parte de extranjeros cuya situación en el país es ilegal así como la suicida política de reagrupamiento por el que miles y miles de ancianos y niños acceden cada año a España como carga de los servicios públicos a los que nada aportan. Y es que una vez que entran por la puerta de un centro médico, el profesional, haciendo bueno su juramento, no tiene otra opción que atenderles.
Resulta esclarecedor el ejemplo que pone de cómo un día atendió a una joven inmigrante sin papeles de una afección infecciosa y al mes regresó con su madre recién llegada y diabética de larga evolución cuyo tratamiento de diálisis y demás acciones suponían unos 100.000 euros anuales. Pasados unos meses regresó con su padre, también recién llegado, con cardiopatía isquémica que precisaba hemodinámica y cirugía con coste aproximado de otros 100.000 euros.
Los españoles merecemos saber cuánto nos cuestan las acciones médicas efectuadas a inmigrantes en situación ilegal; porqué después de colaborar con la sanidad pública a través de nuestras cotizaciones tenemos que pagar consultas, recetas y lo que te rondaré morena mientras quienes no sólo no aportan sino que abusan sin complejos tienen los mismos derechos que nosotros e incluso prioridad.
Aquellos que presumen de solidaridad debieran ceder de sus derechos para mantener esta situación, pero no acusar de insolidarios a los que dicen que ya basta, aunque creemos que sea demasiado tarde; es muy fácil ser generoso cuando pagamos todos, incluso los acusados de xenofobia, racismo o insolidaridad de manera gratuita, sólo por expresar lo que creemos y señalar lo evidente sin pelos en la lengua, sin mentir y con responsabilidad.
Está demostrado que la población inmigrante hace uso y abuso de nuestra sanidad pública sin importarles su futuro, por tanto, colaborar con este suicidio sanitario no es solidaridad sino estupidez.
En cuanto a las campañas de ciertos sectores de la sanidad, sobre todo arrumbados a los sectores pseudoprogresistas, sobre su derecho a la objeción a cualquier medida que aleje a la población inmigrante ilegal de la sanidad pública nada más decirles que, efectivamente, estarían en su derecho, pero deberían ejercerlo en sus propias casas, sus propias consultas privadas y con sus propios medios, no utilizando los que pagamos todos. No olvidemos que los que reclaman ese derecho a objetar la reforma sanitaria aprobada, corta, cobarde e inútil, son los mismos que no sólo no respetaban la objeción de muchos profesionales a asesinar niños en el vientre de sus madres, sino que además pedían sanciones durísimas para aquel que hiciera efectivo su derecho.
No deja de ser este un problema, el de la inmigración ilegal y la legalizada con trampas y políticas suicidas, que en algún momento deberá ser puesto sobre la mesa sin complejos, porque España ya no puede seguir así por más tiempo. Los españoles deben acostumbrarse a decir lo que piensan sin preocuparles lo que determinados sectores, ostentadores de demasiado poder, puedan decir, sin importarles de los que se les pueda etiquetar. Una sociedad corrompida y unos partidos políticos alejados de la realidad social no pueden condenar a los españoles de bien a sucumbir como pueblo y como nación.
Moroto
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miércoles, 8 de agosto de 2012
Santander, el gran parking inteligente.
El “alcalde inteligente” se ha propuesto que todos los ciudadanos que se mueven en coche por esta inteligente ciudad (otrora muy noble y siempre leal), pasen religiosamente por caja grabando con zona de OLA (Ordenanza Limitadora de Aparcamiento) prácticamente todo el espacio dedicado a éste fin.
Impuesto que se suma al de circulación (cada vez más caro) y al famoso céntimo sanitario (4 céntimos por cada litro de gasolina, gracias a la pésima gestión de los diferentes Gobiernos regionales). A sumar también al resto de gastos e impuestos que conlleva este medio.
Esto no fue siempre así, este tipo de sistemas de cobro empezaron a implantarse en los 80, es decir, cuando a una pandilla de ociosos políticos (también conocidos como los héroes de la transición) empezaron a buscar sistemas para vaciar los bolsillos de la gente y llenar las arcas de las instituciones públicas, en este caso de lo ayuntamientos, que casualmente son las mismas de las que cobran entre otras cosas, sus nóminas.
El sistema se desarrolla más o menos en todas partes igual, comienzan grabando la zona azul en el centro de la ciudad con la excusa de arreglar los problemas de tráfico, la consecuencia es que la gente que aparcaba allí, especialmente la que no puede permitirse pagar diariamente el dineral que eso supone o no puede permitirse una plaza de garaje, se desplaza hacia otras zonas, en esas otras zonas la gente que toda la vida podía aparcar cómodamente se encuentra con la competencia de la gente que ha sido desplazada del centro, por lo que reclama al ayuntamiento (normalmente a través de asociaciones y colectivos vecinales) que también pongan allí zona azul a cambio de pagar menos a través de una tarjeta con la que los residentes pueden aparcar a un precio más ajustado. Pero claro, una vez que han implementado el sistema de pago en esa zona, los que no tienen la tarjeta de residencia también se desplazan a otras zonas para buscar aparcamiento, zonas en las que los propios vecinos se suman a las reclamaciones. Es decir, se convierte el asunto en un bucle sin fin en el que acaba toda la ciudad llena de parquímetros, grúas para llevarse a los coches que no están donde tienen que estar y controladores azuzados por las empresas concesionarias de los ayuntamientos para que se recaude lo máximo posible. El problema circulatorio, como al principio, por supuesto.
En Santander se suma la cuestión de que hay que rentabilizar los múltiples, caros e infrautilizados parkings subterráneos y no subterráneos que le da al Ayuntamiento por hacer siempre que puede, alguno de ellos en ubicaciones de lo más ridículas. También quieren implantar, dentro de la historia de las ciudades inteligentes, un sistema que te señale donde hay aparcamientos libres y donde no, como si la ciudad fuese un parking gigante, vamos. Para lo que no están tan avispados en cambio es para solucionar los problemas causados por la gente bien en las zonas nobles de la ciudad, en el Sardinero da igual dejar el coche en línea amarilla, que metido en un jardín que en medio de una rotonda. Es la zona sin ley. Hasta ponen farolas en medio de los aparcamientos por si a alguien no le ha quedado claro.
Impuesto que se suma al de circulación (cada vez más caro) y al famoso céntimo sanitario (4 céntimos por cada litro de gasolina, gracias a la pésima gestión de los diferentes Gobiernos regionales). A sumar también al resto de gastos e impuestos que conlleva este medio.
Esto no fue siempre así, este tipo de sistemas de cobro empezaron a implantarse en los 80, es decir, cuando a una pandilla de ociosos políticos (también conocidos como los héroes de la transición) empezaron a buscar sistemas para vaciar los bolsillos de la gente y llenar las arcas de las instituciones públicas, en este caso de lo ayuntamientos, que casualmente son las mismas de las que cobran entre otras cosas, sus nóminas.
El sistema se desarrolla más o menos en todas partes igual, comienzan grabando la zona azul en el centro de la ciudad con la excusa de arreglar los problemas de tráfico, la consecuencia es que la gente que aparcaba allí, especialmente la que no puede permitirse pagar diariamente el dineral que eso supone o no puede permitirse una plaza de garaje, se desplaza hacia otras zonas, en esas otras zonas la gente que toda la vida podía aparcar cómodamente se encuentra con la competencia de la gente que ha sido desplazada del centro, por lo que reclama al ayuntamiento (normalmente a través de asociaciones y colectivos vecinales) que también pongan allí zona azul a cambio de pagar menos a través de una tarjeta con la que los residentes pueden aparcar a un precio más ajustado. Pero claro, una vez que han implementado el sistema de pago en esa zona, los que no tienen la tarjeta de residencia también se desplazan a otras zonas para buscar aparcamiento, zonas en las que los propios vecinos se suman a las reclamaciones. Es decir, se convierte el asunto en un bucle sin fin en el que acaba toda la ciudad llena de parquímetros, grúas para llevarse a los coches que no están donde tienen que estar y controladores azuzados por las empresas concesionarias de los ayuntamientos para que se recaude lo máximo posible. El problema circulatorio, como al principio, por supuesto.
En Santander se suma la cuestión de que hay que rentabilizar los múltiples, caros e infrautilizados parkings subterráneos y no subterráneos que le da al Ayuntamiento por hacer siempre que puede, alguno de ellos en ubicaciones de lo más ridículas. También quieren implantar, dentro de la historia de las ciudades inteligentes, un sistema que te señale donde hay aparcamientos libres y donde no, como si la ciudad fuese un parking gigante, vamos. Para lo que no están tan avispados en cambio es para solucionar los problemas causados por la gente bien en las zonas nobles de la ciudad, en el Sardinero da igual dejar el coche en línea amarilla, que metido en un jardín que en medio de una rotonda. Es la zona sin ley. Hasta ponen farolas en medio de los aparcamientos por si a alguien no le ha quedado claro.
Rastapopoulos
En la imagen, una plaza de aparcamiento inteligente
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