Se iba echando en falta algo de sentido común y, sobre todo, de decencia y responsabilidad por parte de quien debe poner un verdadero problema sobre la mesa con todas las de la ley, con la justa, estricta e inevitable verdad tantas veces escondida por presiones directas o sugeridas. El martes 21, en las páginas de opinión de El Diario Montañés, el catedrático de medicina y médico del Hospital Universitario Valdecilla "Angel L.M. De Francisc", exponía sobriamente, de manera descarnada y sin florituras lo que supone la barra libre sanitaria que han propiciado los gobiernos de la democracia sin excepción.
Nuestro modelo de sanidad pública ha sido, con sus defectos, el mejor que se haya aplicado en cualquier lugar del mundo, garantizando una verdadera asistencia universal a nuestro pueblo y a aquel que de paso pudiera necesitarlo. Pero con la invasión migratoria propiciada por la globalización y favorecida por los gobiernos occidentales a su servicio, con los españoles como aventajados lacayos, el sistema no da más de sí y peligra en su conjunto. Aquello que se levantó con el esfuerzo de todos los españoles va a morir tal como lo conocemos entre otras cosas por oleadas de gente que sin haber colaborado en absoluto a su creación usa y abusa de un servicio sin que les preocupe su conservación y mantenimiento.
Destaca el Doctor De Francisco cómo son los gobiernos los que deben poner coto al acceso a la sanidad pública por parte de extranjeros cuya situación en el país es ilegal así como la suicida política de reagrupamiento por el que miles y miles de ancianos y niños acceden cada año a España como carga de los servicios públicos a los que nada aportan. Y es que una vez que entran por la puerta de un centro médico, el profesional, haciendo bueno su juramento, no tiene otra opción que atenderles.
Resulta esclarecedor el ejemplo que pone de cómo un día atendió a una joven inmigrante sin papeles de una afección infecciosa y al mes regresó con su madre recién llegada y diabética de larga evolución cuyo tratamiento de diálisis y demás acciones suponían unos 100.000 euros anuales. Pasados unos meses regresó con su padre, también recién llegado, con cardiopatía isquémica que precisaba hemodinámica y cirugía con coste aproximado de otros 100.000 euros.
Los españoles merecemos saber cuánto nos cuestan las acciones médicas efectuadas a inmigrantes en situación ilegal; porqué después de colaborar con la sanidad pública a través de nuestras cotizaciones tenemos que pagar consultas, recetas y lo que te rondaré morena mientras quienes no sólo no aportan sino que abusan sin complejos tienen los mismos derechos que nosotros e incluso prioridad.
Aquellos que presumen de solidaridad debieran ceder de sus derechos para mantener esta situación, pero no acusar de insolidarios a los que dicen que ya basta, aunque creemos que sea demasiado tarde; es muy fácil ser generoso cuando pagamos todos, incluso los acusados de xenofobia, racismo o insolidaridad de manera gratuita, sólo por expresar lo que creemos y señalar lo evidente sin pelos en la lengua, sin mentir y con responsabilidad.
Está demostrado que la población inmigrante hace uso y abuso de nuestra sanidad pública sin importarles su futuro, por tanto, colaborar con este suicidio sanitario no es solidaridad sino estupidez.
En cuanto a las campañas de ciertos sectores de la sanidad, sobre todo arrumbados a los sectores pseudoprogresistas, sobre su derecho a la objeción a cualquier medida que aleje a la población inmigrante ilegal de la sanidad pública nada más decirles que, efectivamente, estarían en su derecho, pero deberían ejercerlo en sus propias casas, sus propias consultas privadas y con sus propios medios, no utilizando los que pagamos todos. No olvidemos que los que reclaman ese derecho a objetar la reforma sanitaria aprobada, corta, cobarde e inútil, son los mismos que no sólo no respetaban la objeción de muchos profesionales a asesinar niños en el vientre de sus madres, sino que además pedían sanciones durísimas para aquel que hiciera efectivo su derecho.
No deja de ser este un problema, el de la inmigración ilegal y la legalizada con trampas y políticas suicidas, que en algún momento deberá ser puesto sobre la mesa sin complejos, porque España ya no puede seguir así por más tiempo. Los españoles deben acostumbrarse a decir lo que piensan sin preocuparles lo que determinados sectores, ostentadores de demasiado poder, puedan decir, sin importarles de los que se les pueda etiquetar. Una sociedad corrompida y unos partidos políticos alejados de la realidad social no pueden condenar a los españoles de bien a sucumbir como pueblo y como nación.
Moroto
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